GIRO DE LA POLÍTICA DE TRANSGÉNICOS

El único país de Europa que apuesta claramente por el cultivo de
transgénicos, España, pegará un golpe de timón en los próximos meses. El
Gobierno prepara un registro obligatorio de parcelas cultivadas con maíz
modificado genéticamente en el que los agricultores se tendrán que apuntar
siempre antes de sembrar y mediante comunicación formal y expresa, según
la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de transgénicos, a cuyas
conclusiones ha tenido acceso Público.
 
El documento asegura que "el Gobierno no incentivará el cultivo de
transgénicos", aunque en la práctica lo desincentivará. Los propietarios
de las tierras tendrán que comunicar en qué parcelas exactas plantan
transgénicos, de qué tipo son y "las medidas adoptadas en cada cultivo
para evitar contaminación externa". La creación de esta lista negra de
agricultores transgénicos, con un indudable poder disuasorio, se
concretará mediante un real decreto antes de que termine la legislatura.
 
Los agricultores tendrán que retratarse ante la opinión pública
 
Una plaga que causa estragos
La ministra Rosa Aguilar cambia así el paso marcado por su predecesora al
frente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, que siempre apoyó el cultivo de transgénicos en España. Aguilar,
en cambio, defendió el programa electoral antitransgénicos de Izquierda
Unida hasta que abandonó la formación para entrar en la Junta de Andalucía
con los socialistas. Recién nombrada ministra, en diciembre de 2010, la
exalcaldesa de Córdoba aseguró en una entrevista con este periódico que
comía transgénicos "sin problemas".
 
En España se plantaron en 2010 unas 76.000 hectáreas de maíz con genes
alterados en laboratorio, casi una cuarta parte del total del maíz
nacional. Estas plantas modificadas genéticamente son resistentes a una
plaga que causa estragos en Aragón y Catalunya: los llamados insectos del
taladro o barrenadores del tallo. Cuando estos bichos mordisquean el
tallo, una proteína tóxica para ellos paraliza su sistema digestivo y
mueren.
 
El propio Ministerio afirma que estos alimentos no son perjudiciales
 
A partir de la entrada en vigor del real decreto, los agricultores que
quieran sembrar esta variedad resistente al taladro, desarrollada en
origen por la multinacional estadounidense Monsanto, tendrán que
retratarse en el registro y exponerse a la opinión pública. Según el
último Eurobarómetro, de 2010, sólo el 35% de los españoles apoya el
cultivo de organismos transgénicos. En 2002, el porcentaje alcanzaba el
61%. El temor de los ciudadanos es tal que el maíz sólo se dedica al
consumo animal, porque ninguna empresa se ha atrevido a comercializarlo
para las personas. Sin embargo, la misma encuesta revelaba que en el país
de Europa con mayor superficie sembrada con transgénicos uno de cada
cuatro ciudadanos no ha oído hablar nunca de esta tecnología.
 
Sin incentivos
El creciente rechazo de los españoles a los transgénicos no se corresponde
con ninguna evidencia científica que indique peligro. El propio Ministerio
explica en su página web que "no existe ningún estudio científico que
demuestre que estos alimentos sean perjudiciales para la salud". La
industria siempre ha esgrimido esta ausencia de riesgos para rechazar la
creación de un registro de parcelas cultivadas con maíz modificado. La
propia existencia de una lista negra ya siembra dudas sobre su seguridad,
argumentaban.
 
En la actualidad sólo se conoce el número de hectáreas por autonomía
 
Las organizaciones antitransgénicos, como Greenpeace o Amigos de la
Tierra, sí reclaman desde hace años la creación de un registro público,
como según ellos exige la legislación europea. Hasta la fecha, el Gobierno
español había interpretado esas directivas de otra manera y sólo ha
publicado el número de hectáreas transgénicas en cada comunidad autónoma,
sin decir dónde se encuentran exactamente. En España no hay nada parecido
a un registro. La superficie sembrada se calcula en función de las ventas
de semillas modificadas genéticamente declaradas por las multinacionales.
 
La actualización del nuevo registro central será responsabilidad de las
comunidades autónomas, según la hoja de ruta del Ejecutivo, que buscará
"el máximo grado de consenso y participación de los sectores". El
documento también señala que "el Gobierno de España no irá a más en primas
e incentivos al cultivo de transgénicos", aunque en la actualidad no hay
recompensas económicas para el cultivo de transgénicos, más allá del
ahorro en insecticidas contra la plaga del taladro.
 
Tres Españas
El discurso del Gobierno ha cambiado por completo. En los papeles del
Departamento de Estado de EEUU revelados por Wikileaks aparecía el
secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, pidiendo al
embajador estadounidense presión en la UE a favor de los alimentos
transgénicos. Pese a su supuesta seguridad absoluta, Austria, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo han prohibido su cultivo. Sólo
España, la República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia
plantan organismos modificados genéticamente en la UE. Y, dentro de ellos,
España cultiva aproximadamente el 80% del total europeo.
 
Ahora, el Ejecutivo parece sospechar. "Las autoridades científicas deben
mantener un seguimiento continuado de la evolución y consecuencias de los
cultivos, y las autoridades de gestión, tanto nacionales como regionales,
deben acentuar el seguimiento y control de los cultivos", asegura el
documento.
 
Si se confirman las trabas burocráticas a los transgénicos en nuestro
país, la UE se quedará definitivamente descolgada del ritmo de los grandes
países americanos y algunos asiáticos, como India y China. Si se trajeran
a España todas las hectáreas de tierra cultivadas con transgénicos en todo
el mundo en 2010, habría que recorrer el país desde Huelva hasta Girona y
desde Cartagena hasta A Coruña atravesando un tupido campo de mazorcas de
maíz, hilachas de algodón y granos de soja con sus genes modificados en el
laboratorio. Y todavía faltarían otras dos Españas.
 
El año pasado, la cifra de transgénicos plantados en el mundo rozó por
primera vez los 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El 80% de la soja
que se planta en el planeta ya es transgénica. Y el 65% del algodón. Y el
30% del maíz.
 
La UE, voluntariamente, se ha quedado fuera de este boom. En 1998,
Bruselas aprobó el cultivo del maíz con genes modificados por la
multinacional estadounidense Monsanto para ser resistente a la plaga del
taladro. Desde entonces, nada. La UE sólo aprobó en 2010 una patata
transgénica de la química alemana BASF, cuyo uso será residual, para
obtener almidón para las industrias del papel, textil y de adhesivos.
 
Casi la mitad de todo lo plantado se encuentra en EEUU. Y el resto se
reparte entre Brasil, Argentina, India y Canadá. El primer país europeo en
esta lista es España, en el puesto 16, según el último informe del
Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas. Además de cultivar maíz, España lo importa de EEUU y
Argentina, igual que la soja y la colza transgénicas, cuya siembra no está
autorizada en nuestro país.